7 de noviembre de 2000

Moción contra las medidas del sector inmobiliario


Los socialistas presentan una moción contra las medidas de liberalización del sector inmobiliario.


Noviembre 2000.- En la última sesión plenaria el grupo socialista del ayuntamiento de Alhama de Granada presentó una moción contraria al Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, dado que, “presenta fuertes limitaciones de las competencias locales en materia urbanística”.

Por ello, también se acordó solicitar la constitución de una Mesa de Negociación entre los tres niveles de la Administración para consensuar las reformas necesarias de la legislación urbanística y hacer más accesible la vivienda a los ciudadanos, con medidas como la promoción de viviendas de protección oficial y de precio tasado, la rehabilitación de los centros urbanos y la reducción del IVA del 7 por ciento al 4 en todas las viviendas públicas, entre otras. Así mismo, considera que el problema de la vivienda se debe abordar “desde una perspectiva social, y como tal tiene su consideración en la Constitución, para tratar de garantizar a todos los ciudadanos una vivienda digna y adecuada”.

Esta moción fue aprobada por siete votos a favor (PSOE y PA) y seis en contra (PP). Ricardo Cortés (PA) manifestó su apoyo a la moción socialista al entender que el Real Decreto “invade competencias de la Junta de Andalucía y se debía haber dejado en manos del Poder Legislativo”. Por el contrario, Pablo Ariza (PP) manifestó que el mismo “trata de acabar con la especulación que se produce en el seno de los ayuntamientos, con los amplios márgenes de discrecionalidad que poseen para la clasificación de suelo no urbanizable”.

Submarino nuclear

En la misma sesión el portavoz andalucista presentó otra moción contraria a la reparación del submarino nuclear “Tireless” en el puerto de Gibraltar que fue aprobada por unanimidad de los asistentes. Así se acordó denunciar “la falta de información del Gobierno Central a las administraciones locales, comarcales y autonómicas, así como su posición de consentimiento y la nula intervención dando muestras ante la sociedad de una imagen de sumisión al Gobierno Británico”. José Fernando Molina (PP) precisó que su grupo tampoco está de acuerdo con el arreglo del submarino en Gibraltar pero que, en su opinión, “el Gobierno Central está preocupado y está llevando las gestiones oportunas para solucionar la cuestión”. Por su parte, Antonio Molina, portavoz del grupo socialista precisó que “este asunto supone un atentado a la soberanía nacional, y afecta a la seguridad y al turismo”.


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